Demanda: la demandante presenta una acción de tutela en nombre de su hija (13 años) que fue víctima de violación y a causa de esta quedo en embarazo y contrajo una enfermedad de transmisión sexual. Ellas realizaron los trámites para solicitar legalmente la interrupción voluntaria del embarazo, pero la solicitud fue denegada porque supuestamente todos los médicos de la EPS presentaban objeción de conciencia. La menor fue remitida a siete instituciones de salud y todas ellas se rehusaron a practicar el aborto por objeción de conciencia.

Razones: la corte expresa que en la sentencia 355-2006 la decisión declara la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, y determino que negar un aborto en alguna de estas causales es una omisión estatal, y viola derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad de la mujer, y las sometería a tratos inhumanos y degradantes.

La objeción de conciencia no es un derecho absoluto; la corte señala que este derecho tiene como fundamento la libertad de conciencia sin embargo es un derecho que no compete a personas jurídicas o el estado, solo se reconoce a personas naturales por lo cual no puede haber hospitales, clínicas, o centros de salud que se nieguen a prestar el servicio. La corte concluye que en este caso las entidades prestadoras del servicio vulneraron derechos fundamentales de la menor, a pesar de la legalidad del proceso ya que se presentó la copia de la denuncia por violación. Además, según las pruebas se asume que el personal de la entidad asumió la objeción de conciencia colectivamente e institucionalmente.

Decisión: La Corte decide revocar la sentencia que denegó la tutela de la accionante en representación de su hija, condena en abstracto a la entidad prestadora de salud Coomeva EPS y solidariamente a las instituciones de su red y a los profesionales que atendieron el caso y no obraron concorde a sus obligaciones, a pagar los perjuicios causados a la menor por la violación de sus derechos fundamentales. Ordenó al Tribunal Nacional de Ética Médica comunicar lo dispuesto en la decisión a todos los Tribunales Seccionales de Ética Médica del país, para que de inmediato inicien el trámite de las investigaciones que en sus jurisdicciones correspondan derivadas de la negativa médica a practicar las interrupciones voluntarias de embarazo permitidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la normativa que regula la materia.

A la decisión la corte constitucional adjunta parámetros que se deben aplicar dentro de la legalidad de las causales de la interrupción voluntaria del embarazo:

  1. Los profesionales de la salud en todos los niveles tienen la obligación ética, constitucional y legal de respetar los derechos de las mujeres.
  2. Los médicos o el personal administrativo no pueden exigir documentos o requisitos adicionales a los mencionados en el numeral primero, con el fin de abstenerse de practicar o autorizar un procedimiento de IVE.
  3. La objeción de conciencia no es un derecho del que son titulares las personas jurídicas. La objeción de conciencia debe fundamentarse en una convicción de carácter religioso.
  4. La objeción de conciencia no puede fundamentarse en la opinión del médico en torno a si está o no de acuerdo con el aborto.
  5. El médico que se abstenga de practicar un aborto con fundamento en la objeción de conciencia tiene la obligación de remitir inmediatamente a la mujer a otro médico que si pueda llevar a cabo el aborto. Y, en el caso de las IPS, éstas deben haber definido previamente cual es el médico que está habilitado para practicar el procedimiento de IVE.
  6. El Sistema de Seguridad Social en salud no puede imponer barreras administrativas que posterguen innecesariamente la prestación del servicio de IVE.
  7. El incumplimiento de las anteriores previsiones da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

    BIBLIOGRAFÍA

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-209-08.htm

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