En esta sentencia se presenta el derecho vulnerado de un menor de edad (13 años), el cual sufre de parálisis cerebral severa desde su nacimiento, y a lo largo de su vida se han presentado otras patologías, su historial médico incluye:

  • Parálisis cerebral infantil espástica secundaria e hipoxia neonatal.
  • Epilepsia de difícil control.
  • Escoliosis severa.
  • Displasia de cadera bilateral.
  • Reflujo gastroesofágico severo.

El niño sufre retraso mental severo y se comunica de forma verbal, a través del llanto y con gestos faciales “no ríe ni sonríe” y “experimenta dolor expresado por el llanto”.

La intervención que realiza la superintendencia de salud, muestra un panorama en el cual se ignora la manera sistemática al derecho de la muerte digna a los niños, niñas y adolescentes.

Los estados partes, se comprometen a:

  • Asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley.
  • Asegurar que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado y protección de menor cumpla las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal.

Esto quiere decir que el convenio internacional  sobre derecho del niño y la constitución política de Colombia, las y los niños no solo son sujetos de derecho, sino  que sus derechos e intereses priman en el ordenamiento jurídico. Al emitir una decisión se debe apelar al principio de primacía de su interés superior.

Se establecen los aspectos de los comités científico-interdisciplinarios para el desarrollo de morir dignamente, tales como:

  • Organización.
  • Deber de Imparcialidad.
  • Improcedencia de la objeción de conciencia de los miembros.
  • La conformación.
  • Obligación de la IPS de establecer el comité
  • Las funciones.
  • La instalación y las sesiones
  • La forma de decisión. Así mismo establecer las funciones de la IPS y de la EPS en relación con los pacientes y el comité.

Se precisa que la persona mayor de edad que considere que se encuentra en las circunstancias descritas en la sentencia T-970 DE 2014, podrá solicitar el derecho a morir dignamente, la manifestación libre del Niño, Niña o Adolescente, de sus padres, o de sus representantes legales, de que padece una enfermedad terminal y sufre dolores intensos que lo llevan a querer ejercer el derecho a la muerte digna, posteriormente el médico tratante convocara de manera inmediata al respectivo comité, el cual dentro de 10 días calendario siguiente a la presentación de la solicitud, verificara la existencia de los presupuestos contenidos en la sentencia T-970 DE 2014 para adelantar el procedimiento y en el caso de advertir el cumplimientos preguntara al paciente si se mantiene su decisión.

En el evento de que el paciente reitere su decisión, el Comité autorizará el procedimiento y este será programado en la fecha indicada por el paciente o, en su defecto, en el término máximo de 15 días calendario después de reiterada la voluntad. Asimismo, deberá reportar al Ministerio de Salud y Protección Social los hechos y condiciones que rodearon el procedimiento con el propósito de que este realice un control exhaustivo sobre el asunto. En el caso de los menores de edad, el  estudio de las solicitudes en cada etapa deberá considerar la madurez emocional de cada Niño, Niña y Adolescente y, cuando sea aplicable, diseñar mecanismos para la manifestación del consentimiento sustituto por los dos padres del menor de edad o quienes tengan su representación legal.

En el caso de la eutanasia en la sentencia C-239 de 1997, no se efectúa distinción o condicionamientos relacionados con la edad de los destinatarios de este derecho fundamental, los niños, niñas y adolescentes son titulares de este derecho fundamental.

No existe, en ningún lugar una reglamentación del derecho a la muerte digna de los niños, niñas y adolescentes, esta inexistencia de reglamentación, niega la exigibilidad del derecho y con ella, permite tratos crueles e inhumanos, vejatorios de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes.

BIBLIOGRAFÍA

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-544-17.htm

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